Artículo
(Fecha: 29/08/2002)
-(Los aumentos mínimos de tarifas abren la puerta para un tarifazo futuro )-
CAPACIDAD EXCEDENTE Y
TARIFAS PúBLICAS
Firma:Pablo T. Spiller
Catedrático, Universidad de California, Berkeley, y LECG, LLC
[ P ]Las empresas sin incentivos de mantenimiento ni inversión dejan caer
la calidad
** Nota **La profunda recesión en la que se encuentra el país junto con la megadevaluación del peso, llevan necesariamente a considerar si la inversión realizada por las empresas de servicios públicos, durante la última década, no ha generado un stock de capital que excede con creces lo que la sociedad puede demandar en los próximos años. La respuesta positiva a esta pregunta es el arma que el Gobierno está esgrimiendo en sus negociaciones, explícitas o implícitas, con las empresas privatizadas. El argumento es que en situaciones recesivas, donde existe excedente de capacidad, los precios no tienen por qué compensar la inversión realizada. Dicha compensación vendrá, supuestamente, en épocas en que sea necesario invertir. Por lo tanto, los aumentos tarifarios que se otorguen deberán cubrir sólo gastos operativos, y no costos de capital. Dado que por ahora la mayoría de las empresas de servicios públicos muestran cash flows positivos, el argumento del Estado es que, por lo tanto, o bien no es necesario otorgar un aumento, o bien tal aumento debe ser mínimo, digamos, de un 10%.
Lamentablemente, este argumento tiene tres fallas fundamentales. En primer lugar, aún si fuese cierto que existe sobreinversión en el sector de servicios públicos, es imposible pasar de un stock dado a un stock inferior sin deterioro en la calidad de servicio. Por ejemplo, una carretera de cuatro líneas no puede pasar a ser de dos sin que una nueva sea construida. Lo que sí puede pasar es que en lugar de tener una carretera de cuatro líneas en buen estado, se pase a tener una carretera de cuatro líneas en pésimo estado. Similarmente, no es posible pasar de tener un sistema de distribución de electricidad que otorga un nivel elevado de calidad a otro en que el nivel de calidad se mantiene, pero que tiene, por ejemplo, menos centrales de distribución, o menos cables enterrados, o menos transformadores. Para pasar de uno a otro, es necesario reemplazar uno por otro, lo cual no se dará sin nueva inversión.
En segundo lugar, gastos en mantenimiento y gastos en inversión, son actividades sustitutas. El mantenimiento permite postergar inversiones. Pero si los operadores no tienen incentivos para realizar mantenimiento, entonces la calidad bajará y eventualmente el nivel de inversiones necesarias tendrá que ser aún mayor. Por ejemplo, si se desea mantener el nivel de calidad del sistema de telefonía local, entonces es importante que los operadores tengan incentivos a invertir, tanto en nuevas centrales que reemplazan las que se deprecian como en centrales adicionales para satisfacer la demanda. Si ello no se da, la calidad del sistema bajará rápidamente.
En tercer lugar, las empresas pueden tener cash flow positivo y estar sin embargo en una situación decreciente de menores ganancias, peor calidad de servicio y menor stock de capital.
El Gobierno debe repensar su argumento sobre aumentos tarifarios mínimos. Aumentos tarifarios simbólicos no otorgarán incentivos a los operadores de servicios públicos a mantener la calidad del servicio, lo cual es potencialmente devastador para el país, no sólo por la caída en la calidad que ello implica, sino también por las repercusiones adicionales de largo plazo. Aumentos mínimos abren la puerta para un tarifazo futuro o la eventual renacionalización de las privatizadas, ambas con tremendo costo para la Nación. Las empresas sin incentivos de mantenimiento ni inversión dejan caer la calidad. Reducciones en la calidad generan, por un lado, quejas de los usuarios, lo cual lleva a la imposición de penalidades. A su vez, un mal servicio y quejas de los usuarios hacen todavía más improbable un aumento tarifario que otorgue incentivos a invertir, factor que, en un entorno inflacionario, lleva a reducciones aún mayores en el nivel de calidad. Los conflictos con los Entes Reguladores llevarán a una peor percepción pública del beneficio de las privatizaciones, lo cual, con un poco de oportunismo político llevará a la cancelación de concesiones. Estos conflictos se resolverán en arbitrajes internacionales donde, debido al rompimiento unilateral de los contratos por parte del Estado, éste tiene altas probabilidades de perder, debiendo potencialmente compensar a los inversores.
Las privatizaciones le otorgaron al país, por primera vez en 50 años, servicios públicos de alta calidad. La administración no debe, por razones de muy corto plazo, comprometer el futuro del sector. Por ello es fundamental que tome muy en serio la necesidad de devolverle a los operadores de servicios públicos fuertes incentivos a mantener la calidad y a la expansión del servicio, aún en la situación recesiva actual
DIA28 MES08 ANO2002 20020828 ANO02